EL MOTÍN DEL SUR DE GRAN CANARIA DE 1718-19. (3ª Parte)

COMIENZA EL MOTÍN, AL INTENTAR AMORETO TOMAR LAS TIERRAS.

Imagen de Agüimes. Fedac

PABLO GUEDES GONZÁLEZ.

En el artículo anterior habíamos apuntado a que el Rey aprobó el remate sobre las compras de las tierras por parte de Francisco Amoreto, el 2 de agosto de 1718 y este efectuó el pago del mismo en cuanto tuvo noticia. A finales de octubre sin haber recibido el título jurídico, Amoreto solicita al juez y este le concede, el disfrute de las tierras, al tiempo que prohíba la entrada en ella a los vecinos de Agüimes.

El acto de posesión tiene lugar el 3 de noviembre de 1718 y Amoreto encomienda como su apoderado al alcalde real de Agüimes, Joaquin González, para que acompañado de Juan Melián, presbítero, hicieran efectivo el acto. Pensaba que al llevar un representante de la Justicia y otro de la Iglesia, por el respeto que inspiraban se facilitaría el acto de posesión. Pero esto no es así, puesto que al llegar al Camino de la Madera (entre Sardina y la circunvalación del actual Vecindario) junto con un escribano, le salen al paso 30 hombres que le piden certificación para presentar impedimento y contradicción ante la Audiencia. El papel es extendido a las 10 de la noche en la posada del escribano.

El 30 de noviembre, domingo, después de misa, Amoreto se dispone a labrar machos para el riego en sus nuevas tierras y dividirlas para entregarlas a medianeros. Lleva a medianeros de Juan Grande y Aldea Blanca con yuntas para realizar la tarea, y pone al frente de la operación nuevamente al alcalde real Joaquín González y al presbitero Juan Melián.

Mientras están realizando la labor en las tierras de Luis Romero, este se lamenta y protesta, a lo cual le recomiendan que vaya a Telde y hable con Amoreto, con el cual llegaría a un acuerdo pues este estaba buscando medianeros. Cuando terminan, observan a un grupo de hombres que viene a su encuentro, no se sabe cuantos eran pero según Bethencourt Massieu el número oscilaría sobre unos 40 vecinos. El alcalde les sale al encuentro a caballo para evitar males mayores y les da el alto e inician una discusión en la que los vecinos dicen que el acto de posesión se había dado sin título y le preguntan al alcalde que porqué estaba allí a lo que este responde “como compadre y amigo de don Francisco Amoreto”. El alcalde tenía la jurisdicción de Agüimes, solo hasta el barranco de Balos, pero este sitio pertenecía a Tirajana. En esto le dan un garrotazo en la cabeza, luego otro que lo derriba de la yegua donde le siguen dando palos. Al final, según el alcalde, le dan por muerto y lo dejan tirado en el campo.



Campesino-pastor Gran Canaria 1885. saltodelpastor.org

 El grupo luego se divide en dos, uno persigue al presbítero, que escapa poniendo su yegua al galope. Los otros van detrás de los medianeros de Amoreto y sus yuntas que huyen despavoridos. El alcalde de aguas (del heredamiento de Aldea Blanca), Sebastián de León, es alcanzado y puede atajar unos palos, solo recibe un bofetón cuando de rodillas implora misericordia. Después destruyen la acequia en varios tramos.

Al llegar la noche el motín va aumentando, los vecinos se van convocando en la villa a toque de caracolas y bocinas. Los medianeros de Amoreto se refugian en Juan Grande en las casas de su amo. Los amotinados amenazan con incendiar las casas de los medianeros y arriman ahulagas a las puertas y entre ellas a las de la casa del presbitero Juan Melián, pero solo prendieron fuego a las del salinero Baltasar Alemán, apagándolo su mujer y un vecino.

LOS AMOTINADOS TOMAN LA VILLA DE AGUIMES.

Los vecinos son conscientes de que les van a despojar las tierras y por ello se amotinan y confabulan pues son lo único que tienen y debido a las miserias que pasan y a la injusticia que creen se está cometiendo, les da igual las acciones a tomar. Recordemos que la mayoría pertenecen a las milicias y están acostumbrados a combatir a piratas, y la acción se desarrolla, tal como si la alarma fuera por enemigos. Así, pasada la medianoche, se apoderan con amenazas de la “Caja de Guerra”, banderas armas y tambores, depositada en la casa del alférez Leonardo Alemán y al grito de “¡Viva el Rey! ¡Muera el mal gobierno!” convocan al resto de vecinos de forma que a la mañana los amotinados en número de 300 o 400 controlan las salidas y entradas de Agüimes y establecen una guardia.

Al día siguiente, lunes 1 de diciembre, la Audiencia recibe entradas de querellas del alcalde agredido, Joaquín González, denuncia de motín por parte de Amoreto, y escritos de los amotinados por parte de su procurador Simón Espino, y cartas del alcalde ordinario Fernández Alfonso. La Sala debido a la gravedad de los sucesos nombra al Fiscal Francisco Román, como juez especial, con el fin de que fuera a Agüimes en compañía de un escribano y restableciera la paz y el sosiego.

El fiscal llega a Ingenio por la tarde y se entera por Bartolomé Guedes de que los agüimenses continuaban en armas, por lo que manda llamar al alcalde Fernández, al presbítero Sebastián Sánchez y al capitán de la milicia de Agüimes Antonio de Roxas y les encomienda la labor de apaciguar a los amotinados y que les de noticia de su promesa que como juez los oiría con justicia.

Pero un hecho agrava la situación y es que el Coronel del regimiento de Telde, consuegro de Amoreto estaba en Ingenio. La gente que supone que los van atacar y consciente de que han hecho una rebelión armada, ya les parece igual y la presencia del Coronel que intentaba sofocar la rebelión por miedo, hace un efecto contrario.

El fiscal por la mañana consigue que el Coronel regrese a Telde y él mismo se dirige a Agüimes, junto con oficiales de milicia, el prior de los dominicos y el alcalde Fernández. Al llegar la comitiva a la altura del cuerpo de guardia los amotinados les gritan “¡Viva el Rey! ¡Muera el mal gobierno!”.

Se dirigen al Convento de los dominicos, donde el fiscal entabla negociaciones con los amotinados, contestando a preguntas de la gente y aclarando dudas. Francisco Román se da cuenta de que el problema es muy grave y que los amotinados “estaban resueltos a morir y no consentir que nadie se llevara la tierra de Sardina, porque en ellas pasaban como miserables la vida y que a costa de ella tenían aquel estado”.

El fiscal consigue con promesas de que el problema se iba a resolver por vía judicial, el que la gente deposite en el pósito las picas, banderas, cajas e insignias militares, pero una vez pacificada la villa comete un error al dictar una bando en el que prohibía a los vecinos salir de sus casas bajo pena de traidores al rey.

Esa tarde acompañado de oficiales realiza una ronda, en la que encuentra a vecinos desarmados que se dirigían a atender los animales y en vez de “irles con paciencia, hizo estruendos, comenzó a fulminar Autos, Provisiones, cuando no estaban frías las cenizas del tumulto”. Los vecinos se sintieron vejados y estafados y hacia las nueve de la noche ya se habían caldeado de nuevo los ánimos. Esta vez son los de Ingenio, con su capitán Gregorio Pérez al frente, provistos de hachas, que están delante de las casa del Cabildo (donde está el pósito) exigiendo las llaves, por que de lo contrario derribarían las puertas para coger las armas y estandartes. Pérez le comunica al fiscal que le fueron a buscar a su casa diciéndole que el capitán Roxas tenía cercado el convento y tomadas las bocacalles, por lo que los milicianos le amenazaron de muerte si no venía a Agüimes, en ayuda de los vecinos.

En esto el fiscal se da cuenta de que no son solo los de Agüimes los amotinados, le llegan noticias de que en Telde hay 300 hombres dispuestos a acudir así como otros muchos en Tirajana y toda la isla.

EL MOTÍN SE EXTIENDE A TELDE.

El día 3 por la mañana aparece la villa de Agüimes de nuevo con centinelas y cuerpo de guardia en sus accesos y con la expulsión por orden del párroco, bajo multa de cincuenta ducados y excomunión del presbítero Juan Melián por “desconfiar el pueblo dél, por ser amigo de don Francisco Amoreto”. El juez decide marcharse a Telde en vista de la situación y el tumulto de la villa que por momentos se recrudece: “havián de buscar a Amoreto por toda la isla y lo havian de matar y que havian de ir a sus Casas de la Aldea (Juan Grande) y les havían de pegar fuego”.

Campesinos de Agüimes. Fedac

Estando el fiscal en Telde, ocurre otro tumulto donde sesenta hombres al mando de alférez Francisco Alemán “que parece contenerlos”, seguidos de mujeres se sitúan frente a la posada donde se aloja, pidiendo la expulsión del alcalde ordinario Juan de Abadía por los muchos agravios sufridos. Los calma con promesas de atender en la Audiencia su solicitud. Cada vez hay más pruebas de la interconexión de los distintos pueblos en la refriega.

En los siguientes días se intenta rebajar las tensiones, intercediendo el cabildo catedralicio proponiendo que la tierra fuera concedida a los vecinos y el Cabildo prestaría a los campesinos el dinero equivalente a valor del remate abonado por el sargento mayor Amoreto.

El juez Francisco Román convoca el día 9 de diciembre a Amoreto y a representantes de los campesinos para ver si se podía llegar a un acuerdo. En la reunión, que se desarrolla bajo una gran tensión, Amoreto escucha por parte del fiscal la solución que había dado el Cabildo Catedralício y luego con un tono de altivez les hace relación de los favores que ha hecho a los vecinos de Agüimes y les dice que no iba a llegar más allá de asegurarles que conservarían sus parcelas como medianeros suyos.

Viendo que la solución estaba lejos, trata entonces el fiscal de descabezar el motín por lo que ordena al alcalde ordinario y a los cinco oficiales de milicia de Agüimes, que se presenten en Telde, bajo amenaza de multa de 200 ducados. Los oficiales justifican la desobediencia mediante un certificado.

El obispo Lucas Conejero, cuya residencia estaba en Santa Cruz de Tenerife, enterado del motín remite una carta a sus vasallos de Agüimes, recriminándoles su actuación. Les pide que nombren una comisión de 12 vecinos, que acompañados de 4 diputados del Cabildo eclesiástico, soliciten a las autoridades conmiseración y de paso explicarles sus razones y peticiones.

El domingo, 11 de diciembre, a toque de caja (tambor) se reúnen en Agüimes todos los vecinos de Ingenio, Carrizal y Temisas, nombrando una comisión de 12 hombres y acordando permanecer en armas, “porque de rendirlas serían maltratados por la justicia”.

El corregidor Damián Jacinto Guerrero había ofrecido desde el principio sus servicios a la Audiencia. El juez comisionado para el asunto de las tierras, Tolosa, le entregó una carta para que la hiciera llegar a los vecinos en la que les ofrecía “la continuación y goze de las tierras hasta que el Rey mandase otra cosa”. Los vecinos a esto responden que quieren ver el documento por escrito y no deponen las armas.

El capitán general Jose Antonio de Chaves Osorio se entera el día 10 de diciembre del motín (la capitanía esta en Tenerife). El cabildo le solicita que embarque con la mayor urgencia y el día 14 embarca para Las Palmas. Al comienzo de los acontecimientos y viendo el cariz que estaba tomando la situación, Amoreto se había desplazado a Tenerife para solicitar a la máxima autoridad justicia y duro castigo a los sublevados.

UNA COMISIÓN DE VECINOS SE REUNE CON EL CAPITÁN GENERAL. 25 VECINOS SON DETENIDOS.

El general Chaves, recibe en audiencia el día 18, a la comisión nombrada por los vecinos, entre ellos se encuentra también Cristóbal de la Rocha. El general les reprende por los actos cometidos y al mismo tiempo les dice que para darles clemencia e interceder ante la vía judicial para lograr una sentencia benévola, los amotinados deben someterse a la autoridad con tres condiciones: rendir las armas, recibir en la Villa a un representante de la Audiencia que continuara con la causa incoada por los hechos acaecidos y la entrega en la ciudad de Las Palmas de los estandartes, insignias y tambores del Regimiento, “dándoles por razón que se habían hecho indignos de tenerlas”, por “haberlas tomado sin órdenes, pero con esperanza de que haciendo mérito en la obediencia y respeto, se las volvería”.

Parece que esta reunión tiene buenos resultados y al día siguiente vemos a los amotinados entregando las banderas, tambores e insignias, que se depositan en la casa del Corregidor en Las Palmas.

El día 20 el general y los representantes de la audiencia deciden cambiar al fiscal Francisco Román que lleva la causa por el oidor (juez fiscal) Alejandro González de Barcia, a quién se les da las instrucciones que debe seguir. El 22, tenemos a este juez en Agüimes, decretando el embargo de bienes y dictando autos de prisión sobre 25 personas. El Alcalde Salvador Fernández hace una labor de calmar a los vecinos y de hacer que los procesados sean los menos posibles, seguramente haciéndoles saber que eran meras formalidades y que no iban a llegar a nada. Por tanto la villa esta tranquila.

Imagen de Agüimes. Fedac

El día 24, el fiscal regresa a las Palmas con el expediente y las declaraciones, responsabilizando de los presos al alcalde y al Capitán Roxas. El mismo día de nochebuena se recibe una solicitud pidiendo la libertad por ser esa fecha y “por ser hombres pobres, que perdemos por la prisión laborar la presente sementera y cuidar nuestros animales”. El fiscal al contrario pide a la Sala que traslade a los presos a Las Palmas.

Al mismo tiempo Amoreto, presenta también denuncias argumentando que los culpables deben pagar los delitos, exigiendo graves penas y hasta de sangre y que los presos sean trasladados a Las Palmas. Además pone denuncias a Quintana Mirabal, al procurador de los vecinos, Simón Espino, al alcalde, Salvador Fernández y a los capitanes Antonio de Roxas y Gregorio Pérez por no demostrar suficiente energía y aparecer en ciertos momentos al frente de los amotinados. Y dice también que son pocos los vecinos detenidos, por lo que pide que se procesen a todos los que no estaban de su parte.

Los magistrados Martínez y Tolosa, junto con el General Chaves, decretan el traslado de los presos y el general sabiendo que esto volvería a subir la tensión realiza una serie de gestiones diplomáticas en las que garantiza a los vecinos que los detenidos no sufrirán daños, promete que serán declarados libres de costa, cosa que no se va a cumplir. Estas gestiones las hará con el sacerdote Bartolomé Espino, natural del pueblo y con gran prestigio en el mismo.

Por tanto el pueblo acepta el traslado sin problemas, y los presos están en Las Palmas el día de los inocentes. A los 25 presos se añaden Juan Quintana Mirabal, al que Amoreto acusa de camarada de Rocha y cabeza del motín y el alcalde Salvador Fernández.

Otro hecho complicará la situación y es que Amoreto recibe de la península el título de propiedad de las tierras. Lo prudente hubiese sido que como solución de concordia se hubiese esperado la respuesta del Rey a la solicitud de los vecinos, debido a los hechos que habían acaecido. Pero el oidor Tolosa, debido a la autonomía que goza en el caso como juez comisionado y también a las presiones de Amoreto decide ejecutar el remate, a pesar de los consejos en contra del capitán general y del regente.

NUEVO INTENTO DE AMORETO DE TOMAR LAS TIERRAS.

Así tenemos el día 2 de enero al oidor Tolosa, a Amoreto, y a su suegro el Coronel Fernando del Castillo Olivares, junto con un séquito adecuado en el Llano del Polvo, donde les esperan 200 hombres de la villa, portando dardos (arma semejante a una lanza pequeña y delgada, que se lanza con la mano), armas, palos y una escopeta.

Tolosa les ordena rendir las armas, lo que realizan depositándolas en tierra. Tienen los sombreros en la mano, en actitud dialogante y de respeto. El oidor lee la Real Cédula a todos los presentes, y seguidamente Amoreto toma posesión: coge tierra, arranca hierbas, muda piedras…, todo ello en medio de un vocerío ensordecedor y muestras de desaprobación. Según el escribano los vecinos, entre ellos “calvo de pelo” y el viejo alférez Bernabé López, destruían los mojones, sin dar lugar a que el acto solemne tuviera remate. Los campesinos exigían que el escribano extendiera en el momento un certificado de contradicción en el que se expresara su desacuerdo y que se oponían, cosa que tuvo que hacer e incluso por duplicado y haciendo constar los años transcurridos desde que desmontaron las tierras.

También Amoreto, hace poner por escrito al escribano, que en muestra de generosidad estaba dispuesto a hacerles entrega de las tierras libres (por roturar), por un plazo de 10 años. El resto las ofrece a tercio, aunque lo normal era que se practicara a medias (medianeros, mitad para el dueño mitad para el que cultiva), llegando también a ofertarlas al precio de pago de un real y medio por fanegada y año (anteriormente pagaban al Cabildo solo un real) y lanza el proyecto de rozar (roturar) las trescientas fanegadas montuosas que habían entrado en la compra.

La oferta fue rechazada por los vecinos con buenas muestras de desagrado y le hacen una contrapropuesta: las tierras las sembrarían por suyas o nada.